La contaminación tiñó de azul el río Umia y obligó a varios ayuntamientos a cortar el suministro de agua.VÍtor Mejuto

Cuando apenas faltan unos meses para que se cumplan cinco años del incendio que arrasó la fábrica que Brenntag tenía en Caldas y que tiñó de azul turquesa las aguas del Umia, ayer trascendió que las indemnizaciones que solicita la Fiscalía de Pontevedra rondan los diez millones de euros. De esta cantidad se beneficiará, en su mayor parte, la Consellería de Medio Ambiente, ya que le corresponderían 8.174.644 euros por los costes de actuación; 1.359.934 euros por «los daños estrictamente ecológicos (mortandad de peces y otros elementos de la biodiversidad del canal fluvial)»; y 113.919 euros por las obras de emergencia.

Junto a la Administración autonómica, el fiscal reseña a otros veintiocho afectados, entre los que hay empresas del entorno. Es el caso de Clesa, que tuvo que paralizar su producción al no poder recibir agua del río, o de Maderas del Atlántico, que no solo tuvo que parar los trabajos, sino que padeció desperfectos en sus instalaciones.

Asimismo, también se citan los casos de particulares, algunos de ellos empleados de la química, que perdieron enseres y prendas de vestir como consecuencia del incendio o que vieron cómo su coche sufría desperfectos o, incluso, quedaba completamente calcinado.

De estas indemnizaciones deberán responder, en el supuesto de que así lo determine un juez de la jurisdicción penal, los tres empleados imputados por un delito contra el medio ambiente por omisión e imprudencia en solidaridad con la empresa y la aseguradora AIG Europe.

Penas de prisión y multa

En principio, el ministerio público solicita cuatro meses y quince días de prisión, otros nueve meses de inhabilitación y el pago de una multa de 2.160 euros a cada uno de los tres acusados. En este sentido, el fiscal explicó ayer que serán juzgados en función del Código Penal vigente en el 2006, que preveía penas de entre seis meses y cuatro años. Dado que es un delito cometido por imprudencia grave, la propia legislación establece que se imponga «la pena inferior en grado».
Se les acusa de no haber sido diligentes a la hora de realizar, el 1 de septiembre del 2006, una descarga de tolueno procedente de un camión cisterna. Dado que se trata de un disolvente químico muy inflamable y nocivo y para evitar «una deflagración de naturaleza electrostática», la normativa obliga a que tanto el camión que lo transporte como el depósito al que se trasvase el disolvente deben tener conectadas unas pinzas metálica a tomas de tierra.

En el caso del vehículo se hizo -en caso contrario, los propios mecanismos de seguridad del camión habrían impedido el trasvase-, pero no ocurrió así en el caso del contenedor. Así al menos lo mantienen en el seno de la Fiscalía de Pontevedra, dado que es una versión que rechazan los tres acusados.

Fuente: La voz de Galicia

 

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