La Audiencia de Cantabria ha ordenado seguir con la tramitación de la causa por el vertido de amoníaco de Froxá al río Besaya porque, a su juicio, y frente al criterio del Juzgado, hay “indicios” de un delito contra el medio ambiente por la “potencialidad” contaminante y la “elevada toxicidad” de ese vertido.

Hace casi un año, en diciembre de 2010, el Juzgado de Instrucción número 6 de Torrelavega confirmó el archivo de la denuncia por ese vertido de la empresa Froxá al río Besaya.

Ese vertido tuvo lugar en julio de 2008 en la planta de Froxá de Santiago de Cartes, a raíz de unas obras para la instalación de un sistema de refrigeración realizadas por Johnson Controls.

El juez entendía que no se había acreditado ningún delito y señalaba que los imputados actuaron para evitar “un mal mayor”: el perjuicio a la salud de las personas.

Como consecuencia de ese vertido, que causó la muerte de miles de peces, fueron imputadas tres personas: un jefe de servicio, un operario y el representante legal de la subcontrata Johnson Controls.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la Audiencia desecha que en este caso hubiera “actuación dolosa” de los denunciados, pero apunta que sí se produjo una “imprudencia grave”, aunque “siempre en términos indiciarios”.

El tribunal destaca así que “la peligrosidad del compuesto que se estaba manejando no dejaba lugar a dudas”, y que sus riesgos eran conocidos por el técnico y por el jefe de servicio.

Y añade que, aunque ambos conocían el procedimiento que debía llevarse a cabo, lo “omitieron”, algo que, para la Audiencia, supone “sin duda un comportamiento imprudente”.

Las acusaciones personadas en este proceso (el Ministerio Fiscal, Ecologistas en Acción y el Gobierno de Cantabria) recurrieron el auto de archivo del Juzgado y consideraban que las empresas Froxá y Johnson Controls deberían hacerse cargo de las responsabilidades civiles que puedan derivarse de los daños causados por el vertido.

La sección tercera de la Audiencia, en una resolución de la que es ponente la magistrada Paz Aldecoa, revoca ahora el auto de sobreseimiento y ordena que esta causa se devuelva al Juzgado de Instrucción para seguir con su tramitación.

La Audiencia recuerda que en este trámite procesal de instrucción basta con “la existencia de indicios racionales de delito” para continuar con las diligencias.

Por ello, la Sala señala que “discrepa” del criterio del juez instructor y asegura que en este caso hay indicios de la comisión de un delito contra el medio ambiente, que “son suficientes para que proceda a alzarse el sobreseimiento acordado”.

Los magistrados indican que en este caso la realidad del vertido de amoníaco en las aguas del río Besaya “es un hecho que se ve apoyado en serios y fundados indicios”.

“De entrada, es el propio juez instructor quien al inicio de su resolución parte de dar por cierto el vertido contaminante de amoníaco”, resaltan.

El tribunal explica que después de examinar los estudios de ecotoxicidad de los Servicios de Toxicología y Medio Ambiente, el magistrado de Torrelavega “pone en duda la carga contaminante” de las aguas.

Pero la Sala no comparte este criterio y resalta que “sin duda” surge “de una equivocada interpretación del informe emitido por la Consejería de Desarrollo Rural”.

“Efectivamente, que este vertido de sustancia tóxica provino de la arqueta de salida de aguas de la empresa Froxá es una conclusión más que seria. Basta con ver cuáles son los valores de amonio encontrados en las muestras recogidas”, reflexiona el auto de la Audiencia, que agrega que, de acuerdo con ese informe de Desarrollo Rural, esos niveles de amonio “son superiores en más de seis veces a los letales para los peces”.

La Audiencia recalca que el delito contra el medio ambiente, al que se apela en este procedimiento, “es un delito de peligro que no precisa de una lesión efectiva en el bien jurídico protegido”.

Y explica que no comparte el criterio del juez porque “lo que consta no es sólo que hubo un peligro grave para el medio natural”, sino que, “incluso, se llegó a materializar en un daño importante para la fauna de la zona, tanto de peces como de invertebrados”.

Los magistrados de la Audiencia enfatizan que la prueba pericial practicada (el informe del Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente) revela “la alta toxicidad del vertido” y “su incidencia en el medio biótico”.

“Se dice en la resolución que se recurre que no hay constancia de que el derrame afectara o fuera susceptible de dañar a la fauna y a la flora del río, pero esta afirmación no puede compartirla la Sala”, subraya la Audiencia, que insiste en “la potencialidad dañina” de este hecho.

Los magistrados tampoco admiten que el amoníaco no afectara al medio ambiente por tratarse el Besaya de un río en el que ya ha habido otros vertidos.

“Si se aceptara esa tesis se llegaría al absurdo de mantener que una vez que un medio natural se vea afectado por un contaminante es irrelevante cualquier otra alteración. No es admisible”, remarca la Audiencia, que agrega que la capacidad biogénica del Besaya se está recuperando en los últimos años, pese a hallarse en una zona de industria.

Fuente: EFE


Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.